El Papel Político como Factor Limitante en el Uso Regulado de Organismos Vivos Modificados (OVM’s) e

El efecto socioeconómico de la falta de legislación a nivel nacional en torno a los Organismos Vivos Modificados – OVM’s – y el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de OVM’s ,representa una serie de problemáticas a nivel nacional. Éstas son sensibles a los intereses socioeconómicos, culturales y ambientales. El uso de OVM’s está ampliamente diseminado a nivel internacional. Principalmente en países desarrollados ha representado el alcanzar rendimientos agrícolas impresionantes, que permiten sostener las necesidades de sus mercados internos, así como el permitirles una sobreproducción que puede ser exportada y comercializada. Esto representa una fuente de ingresos serios en dichos países. El uso de OVM’s en un país como Guatemala tendría por tanto, implicaciones seriamente favorables en temas de desarrollo y reducción de la pobreza extrema. Es por tanto de alta importancia, el desarrollar un marco legal que permita su uso en el país.

El desarrollo de alternativas desde el punto de vista de Public Choice, es importante para permitir el alcance de ámbitos en los que la legislación existente es inoperante y disfuncional a la realidad y necesidades inmediatas y futuras del desarrollo socioeconómico de Guatemala. A continuación se establece un contexto técnico y legal que fundamenta la falta de funcionamiento de las políticas nacionales y su inexistencia en algunos casos, que conducen a un análisis de los entes y actores que ven favorecidas sus utilidades a costillas de las necesidades generales del país; permite plantear entonces un mecanismo fundamentado y de características reales tangibles que puedan permitir un avance en el tema a nivel nacional, que finalmente permita quitar los candados políticos de la situación.

El Contexto de Public Choice Aplicado al Análisis de la Legislación de los Organismos Vivos Modificados en Guatemala

La perspectiva praxeológica, aplicada al desarrollo de políticas públicas resuena muy fuertemente en sociedades como la guatemalteca. La búsqueda perpetuada de rentas a través de la explotación del sistema político no es una novedad, y no es algo que no exista en Guatemala. Es ampliamente conocido que existen muchos grupos de interés a nivel nacional, los cuales constantemente han intervenido en la toma de decisiones políticas, tales como las regulaciones ambientales, sociales, de salud y económicas por mencionar algunas. En el marco de los Organismos Vivos Modificados, esto no es una excepción. Public Choice establece la perspectiva praxeología en el proceso político de toma de decisiones. A nivel nacional, dentro de los papeles principales que se juegan en dicho ámbito, se desarrollan intereses corruptos y que no necesariamente están alineados a las necesidades del país. Ejemplo de ello es que casi cualquier persona convencional, en una posición de poder adecuada buscará de manera innata: a) perpetuarse en su puesto de poder; b) favorecerse a sí mismo, o a terceros con los que pueda obtener un beneficio tangible, principalmente, económico – rentas –; y c) tenderá a imposibilitar a otros el que estos obtengan beneficios mediante la promulgación de regulaciones favorables a su beneficio. Esto se le conoce como buscadores de rentas y como lo indica el nombre, siempre tenderán a favorecer sus propios intereses. Como consecuencia de ello, aquellas personas o instituciones que no participan activamente de la búsqueda de rentas, pero que se benefician del accionar de ellos, son polizones de dicho proceso. Cabe resaltar que aunque se entiende por renta al beneficio económico, esto no es un factor limitante del concepto praxeológico. Justamente en el caso concreto aquí expuesto, casi ningún actor en el juego de poderes regulatorios obtiene beneficios económicos directos, mas los beneficios que obtienen son estratégicos. Mucha de la problemática en torno al tema central gira en el sentido que los beneficios que trae el impase político existente, benefician a las personas que se involucran a través de las instituciones, por el sentido práctico que tiene la moratoria de facto persistente en su día a día.

Antecedentes de los Organismos Vivos Modificados en Guatemala

Hacia el cambio de milenio, el desarrollo tecnológico ha permitido a empresas y centros de investigación, por medio del uso de la Biotecnología Moderna, el desarrollo de modificaciones en el código genético de algunas especies animales y vegetales, con el fin de introducir mejoras intencionales en organismos para consumo y beneficio por el ser humano. El desarrollo de dichos organismos, es conocido como organismos transgénicos, Organismos Genéticamente Modificados – OGM –, u Organismos Vivos Modificados – OVM –. Un organismo transgénico, es aquel que ha sido concebido de manera artificial mediante técnicas de ingeniería genética, donde se introduce, substituye, suprime, activa o eliminan partes del código genético, por medio de técnicas de transcripción del genoma de organismos. (Parlamento Europeo y del Consejo, 2001). Dichas alteraciones, desde el punto de vista de la tecnología moderna, pueden darse in vitro, ex vivo e in vivo e involucran intervención humana. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000)

Algunos de los usos de los OVM a nivel internacional, incluyen tres sectores principales: la industria farmacéutica, donde se utilizan los OVM para producir productos farmacéuticos de difícil obtención a través del uso de microorganismos como biorreactores, tales como la insulina transgénica para personas diabéticas insulinodependientes. El segundo uso y el más polémico, es el que se destina a los usos agropecuarios, el cual abarca los cultivos OGM, tales como arroz dorado enriquecido con vitamina A, el maíz resistente a la sequía, plagas y herbicidas, u otros. Por último, el sector que utiliza OVM para abaratar otros procesos industriales. (Varela, 2016) Sin embargo, se espera que con el avance y desarrollo de la tecnología, se pueda diseñar OVM’s con la idea de realizar trabajo de saneamiento ambiental, como en el caso de lagos eutrofizados, suelos poco fértiles y recuperación y fijación de carbono atmosférico para reducción de emisiones.

Sin embargo, en la naturaleza, las alteraciones del genoma de los organismos vivos se da de manera natural por acciones propias del organismo, su interacción con el medio, selección natural o introducción por medio de virus que puedan alterar el código genético del organismo. Dichas modificaciones también pueden darse al momento de ocurrir cruces de especies en cualquier reino de los seres vivos. De igual forma, el ser humano como ente con capacidad de razón, desde el desarrollo de la agricultura alrededor de 20,000 años atrás, ha introducido modificaciones al código genético mediante técnicas que se conocen hoy en día como técnicas de mejoramiento convencional; algunas técnicas convencionales relevantes son la cruzas controladas y las selecciones graduales, que han dado como resultado, algunos productos conocidos hoy en día de manera casi universal tales como maíz, banano, yuca, papa y trigo entre muchos otros.

De tal cuenta, la comunidad científica en general ha llegado a un consenso mediante múltiples evaluaciones de los efectos que dichas modificaciones genéticas tienen sobre los organismos y su influencia sobre la salud humana y el medio ambiente. Principalmente se ha llegado a un consenso más recientemente, al respecto que el mecanismo de modificación del organismo vivo modificado, “no hace al organismo”. Es decir, que no importando el método de modificación genética, sea natural o artificial, convencional o biotecnológico, las modificaciones al genoma son parte del proceso de selección natural y por lo tanto, no tendrán consecuencias a la salud humana o animal, al producir metabólicos de iguales características y funcionalidad que aquellos organismos considerados como no modificados. (Organización Mundial de la Salud – OMS –, 2005)

No obstante, el argumento científico homologante, es que el hecho que no es más agravante para el ambiente, la introducción controlada de un organismo vivo modificado, sea o no del mismo medio biónico o hábitat que aquel organismo ordinario nativo, que aquella introducción de una especie no controlada y no intencionalmente modificada a un ecosistema no apto para recibirle de manera equilibrada con el resto del medio ambiente. Por lo tanto, la introducción no controlada, más omnipresente de organismos convencionales en hábitats no aptos es por lo tanto, de mayor decremento para el medio ambiente, que aquellos organismos que son ingresados de manera consciente, paulatina y monitoreada de los organismos vivos modificados. Los hechos científicos y los escrutinios que son necesarios para evaluar si un OVM es o no perjudicial para la salud humana, animal o ambiental, han hecho que aquellos OVM liberados al medio ambiente sean de características seguras. (Organización Mundial de la Salud – OMS –, 2005)

Éste último punto es crucial para países como Guatemala, donde la introducción controlada de organismos vivos modificados está incluso vetada, salvo para aquellos trasiegos por motivos de tránsito o bien, aquellos que se introducen al medio ambiente únicamente para la producción de semillas para exportación, efectivamente negando la gran mayoría de beneficios económicos que pudiese tener cualquier actividad económica derivada de OVM’s y no tomando en cuenta los beneficios que pudiere tener la introducción de un organismo vivo modificado para la seguridad alimentaria y las necesidades de ingresos de las personas en situación de pobreza.

Dado que hacia mediados de los noventa, se desconocía el efecto de la introducción biotecnológica del material genético, la comunidad científica en general tomó sabiamente una perspectiva de precaución al uso y los efectos del uso, transporte y desarrollo de los Organismos Vivos Modificados y sus posibles efectos sobre la salud humana, animal y el medio ambiente. Ante ello, los principales aspectos a considerar por parte de la comunidad científica eran los aspectos sobre bioseguridad y preservación de la diversidad biológica y los efectos que las mismas pudieran tener sobre el equilibrio de los ecosistemas naturales previamente establecidos a la introducción de los OVM’s en los hábitats, principalmente en países megadiversos como Guatemala. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000)

Ante dicho planteamiento y basado en el principio 15 de la Declaración de Rio Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que establece que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de costos para impedir la degradación del medio ambiente” Y por lo tanto, en calidad de entidades públicas interesadas en la preservación natural del medio ambiente de sus naciones, 170 países han firmado dicho protocolo. (Naciones Unidas, 1992) Es a partir de éste punto donde en Guatemala se ha involucrado en la temática, y como mínimo a nivel nacional, requirió que Guatemala ratificase el mismo por medio del Decreto Legislativo 44-2003: Ratificación del Protocolo de Cartagena y se ha pasado desde la perspectiva científica hacia una perspectiva política. (Congreso de la República de Guatemala, 2003)

Como parte de la ratificación legislativa guatemalteca del Convenio de las Naciones Unidas Sobre Diversidad Biológica, se ha establecido en Guatemala que el punto focal de dicho decreto caiga sobre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP –, quien coordina tres Autoridades Nacionales Competentes – ANC –: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN –, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA – y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS –. (Estrada, 2011) (Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP –, 2014) Es aquí donde se genera a un impase político.

Como punto focal de la aplicación del Protocolo de Cartagena, CONAP es la institución encargada de promover todo aquel reglamento de carácter aplicable a nivel nacional en tema de Bioseguridad de OVM. Como tal, desde 2003 ha promovido el que se desarrolle el “Reglamento Sobre Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados” (Congreso de la República de Guatemala, 2003) Parte de su implementación requería de realizar una consulta pública de los sectores relevantemente interesados en el reglamento: sector privado, sector académico y sector ambientalista. Múltiples consultas y revisiones progresivas del reglamento han llegado a agotar todos los recursos técnicos posibles desde las perspectivas agrícolas, de salud y de medio ambiente por parte del sector privado y académico, logrando llegar a una propuesta de reglamento que satisface los criterios científicos y perspectivas a nivel internacional, contemporáneas a la fecha de escritura del presente artículo. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP –, 2014) No obstante, al inicio del proceso de participación, CONAP mantuvo una postura de ausencia de convenios, posturas y criterios comerciales, causando que en términos generales el sector privado boicoteara el proceso, al encontrarse en desacuerdo por no promover una postura que se tradujera en beneficios económicos inmediatos, ya que la misma fue totalmente restrictiva. Esto a su vez desecadenó una serie de eventos que impidió una postura política como tal. A su vez, existe una tajante postura del sector ambientalista, liderado principalmente por ONG’s financiadas por países nórdicos, que han entrampado el proceso de desarrollo del reglamento, al punto de en ocasiones secuestrar las instalaciones de CONAP y paralizar sus labores. Su postura actual dictamina que se vete el ingreso y el uso de todo Organismo Vivo Modificado, incluidos aquellos obtenidos por mejoramiento convencional. (Azurdia, 2017)

A la dificultad de la implementación de un reglamento, se le ve sumada la falta de compromiso por parte del poder ejecutivo, ya que con la versión actual del mismo, se requiere la firma de por lo menos las tres ANC dentro del consejo de ministros para que se pueda emitir el reglamento como un acuerdo gubernativo que demuestre una posición neta de gobierno respecto al tema, que permita un uso responsable dentro del marco de la ley y en interés de la protección ambiental de acuerdo a la Declaración de Rio Sobre el Medio Ambiente. (Estrada, 2011) En tal contexto, el punto muerto ocurre a nivel político, no a nivel técnico. La situación actual del MSPAS es de precariedad de recursos, además de una tensa perspectiva social y legislativa del funcionamiento del ministerio. El agregar las cargas de monitoreo que pudieran tener los productos transgénicos a los alimentos para consumo humano, procesados, requeriría que el MSPAS invierta recursos, tiempo y planteamiento de una forma administrativa que pueda manejar dichas necesidades. Esto, desde el punto de vista de la directiva ministerial, es un tema de poca importancia, por lo que no se enfocarán recursos a la resolución del problema. (Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología, CONCYT, 2017)

En cuanto al MARN, al igual que el MSPAS, requiere que se contrate por lo menos a un profesional en el área y que el mismo pueda monitorear los impactos ambientales mediante los mecanismos internos que ya tiene el MARN implementados. Como parte del argumento, MARN durante la revisión técnica por parte del sector privado, se puntualizó la necesidad de categorizar los proyectos que involucren OVM’s como parte del Acuerdo Ministerial 199-2016: Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias y Actividades, y el mismo MARN tomó la decisión de retirarlos automáticamente del listado, por tratarse de un requerimiento ambiental aún no necesario para el MARN. Aunque existe mayor infraestructura implementada que el MSPAS, se requiere de voluntad política y presupuesto para poder ejecutarlo, y dentro de la estructura del ministerio más pequeño y con menor presupuesto dentro del Estado, se ve un panorama poco prometedor al respecto. (Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología, CONCYT, 2017)

Finalmente, de las tres ANC, el MAGA es la autoridad que mayor interés tiene en que se desarrolle un reglamento, contando con infraestructura, legislación, recursos y voluntad política por parte de la directiva interna del ministerio. MAGA actualmente cuenta con el Acuerdo Ministerial 386-2006: Requisitos para la Importación, Transporte, Manejo Dentro del País, Establecimiento de Experimentos de Campo y Producción para Exportación de Organismos Vivos Modificados, –OVM –, para Uso Agrícola. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2006) El acuerdo ministerial, es un acuerdo que está implementado desde 2006 (Tay, 2016), sin embargo no se le ha dado uso apropiado, ya que únicamente ha habido una sola solicitud de uso de OVM’s. El acuerdo ministerial tampoco es perfecto; solamente se contempla el autorizar pruebas de campo experimentales y la producción de semillas para exportación. La perspectiva limitada de los OVM’s en el acuerdo ministerial representa que empresas con grandes intereses, tanto de experimentación como beneficiado de OVM’s, semillas o no, se ve limitada al no poder comercializar los productos dentro del territorio nacional. (Hernández, 2017) Esto representa un verdadero costo de oportunidad para el país de Guatemala, ya que se desconoce el ingreso que el país podría recibir por parte de grandes consorcios interesados en la explotación de OVM’S en el país, lo cual representaría grandes cantidades de dinero en productos exportados e importados, además de generación de empleos sostenibles a mediano y largo plazos. (Aragón, 2017)

Al sumar el costo que representa una agricultura no tecnificada y no apoyada de manera técnica en los beneficios que puede brindar la biotecnología; tanto para la seguridad alimentaria como la sostenibilidad económica; los costos de oportunidad empiezan a añadirse y podrían agudizar problemáticas no solo de carácter alimentario, sino también ambiental y de salud. El uso de OVM’s aunque no esté regulado de manera oficial en Guatemala, sí existe de manera ilegítima, principalmente porque la perspectiva de gobierno actual es una moratoria de facto y esto no permite una regularización formal. Esto fomenta que se perpetúe de manera totalmente indefinida la ilegitimidad de aquellos que usan OVM’s como parte de su medio de vida. Es cierto que la presencia de material genético OVM dentro del país, está relacionada directamente con la migración hacia países desarrollados. De igual forma, existe el ingreso consistente de productos genéticamente modificados principalmente de Estados Unidos de América. El departamento de agricultura de Estados Unidos ha estimado un total de 157 millones de USD durante 2015. Principalmente en importaciones de maíz transgénico para su uso en alimentación animal, en forma de grano. (Tay, 2016)

Aquel campesino que viaja y ve en el extranjero una cepa de maíz u otro cultivo que funciona de manera adecuada y produce un producto de características deseables por el mercado, le llamará la atención y deseará poder cultivarla. Culturalmente, cultivos típicos como el maíz sirven las necesidades ancestrales de consumo y de comercialización para aquellas comunidades que así lo requieren, no importando si el material es transgénico o no. De hecho, el campesino común deseará tener un maíz de características tales, que le permitan su subsistencia y los medios para poder obtener ingresos antes de preocuparse si ésta variedad desplazará o no a los maíces criollos, lo cual es en total oposición a las posturas de las manifestaciones del sector, lo cual es paradójico y demuestra que su oposición es de un interés de fondo y no por su voluntad neta como sector.

En 2014, considerando los compromisos que el país de Guatemala adquirió como parte de su ratificación del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – UPOV –. Y así también el DR-CAFTA, donde el Estado se comprometió a garantizar la existencia de un sistema de protección del derecho obtenciones vegetales como un derecho legítimo de propiedad intelectual. El Congreso de la República de Guatemala promulgó el Decreto Legislativo 19-2014: Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más comúnmente conocido como “Ley Monsanto” por parte de la población guatemalteca. El decreto falló ante el clamor popular, por dos puntos de vista principales: el primero, el promulgar un decreto de tal índole, permitiría a empresas extranjeras, registrar organismos vivos, ordinarios o no como parte de su propiedad. Permitiéndole a dichas empresas el exigir un pago y hasta perseguir penalmente a aquellas personas que cultiven sin poseer los derechos de propiedad del material genético. El segundo es que no teniendo una infraestructura para el control, monitoreo y evaluación de OVM’s como parte de las atribuciones del gobierno central, se corre el riesgo de hacer de ello una “cacería de brujas a ciegas”. Medidas paternalistas y utilitarias tales como el Decreto 19-2014, restringen de forma absoluta el derecho libre de propiedad de los agricultores sobre sus semillas y su patrimonio cultural histórico, contenido dentro de sus conocimiento del manejo de sus cultivos. Esto como consecuencia favorecería de manera desmedida a empresas con los recursos económicos para perseguir y exigir sus derechos como propietarios del registro del organismo vivo, a la vez que no existe un registro de organismos ya existentes, dificultando aún más la facilidad de ejercer el derecho de propiedad de los organismos por parte del usuario común. Una medida como el decreto 19-2014, implicaría que el agricultor común y corriente no podría comercializar semilla, haciendo que de manera efectiva se reduzca el potencial mercantil en Guatemala en alguna medida. (Congreso de la República de Guatemala, 2014)

Intereses de Actores Afectados por la Problemática y su Efecto en la Regulación

Políticamente, al gobierno de turno le convendrá siempre el evitar la polémica de sus acciones y las incomodidades que éstas puedan acarrear ante sus entes administrativos (presiones políticas, demostraciones públicas, bloqueos, secuestro de instituciones, amenazas, etc.) Sin embargo el negar la necesidad de una postura política, mediante la ausencia de una acción y pronunciamientos políticos, representa también el negar los beneficios económicos que podría acarrear, ante el abrumador consenso técnico del tema. Desde éste punto de vista, la falta de voluntad política representa un secuestro institucional que ha realizado tanto el poder ejecutivo como el legislativo de Guatemala.

Dentro del poder ejecutivo en cuanto a quienes se benefician de ésta falta de voluntad política, es evidente que el mayor beneficiado directo es el MSPAS, al evitar el tema por completo. La naturaleza particular de la posición del MSPAS en el contexto socioeconómico actual y las demandas populares de servicios de salud, hacen que el MSPAS deba concentrar sus esfuerzos en suplir la demanda popular. Igualmente beneficiados se encuentran los grupos ecologistas. Típicamente los grupos ecologistas en Guatemala, fomentan el desarrollo de actividades pacíficas que permitan integración social y preservación de los recursos naturales, sin embargo, estos fines loables son tergiversados normalmente, al ser éste tipo de instituciones, quienes fomentan el secuestro de edificios públicos tales como las múltiples tomas que se han realizado en CONAP.

Por igual, dentro del poder ejecutivo, el MARN es un ente que si bien tiene mayor relación por el carácter ambiental de la liberación controlada (o no) de los OVM para cultivo, sale favorecido por la inacción y falta de voluntad política, al igual que el MSPAS. El hecho que en Guatemala haya una moratoria de facto respecto al tema, permite que de manera indefinida el MARN pueda operar a manera de “desentendido” al respecto, ya que mientras no haya una exigencia formal, mantendrá su status quo. Esto es conveniente para el MARN, al no tener que asignar un presupuesto para poder formalizar una postura a lo interno del ministerio.

Entre los miembros del poder ejecutivo, los sectores más afectados son el MAGA, MINECO, CONAP y CONCYT. MAGA como ente de gobierno que ya cuenta con un reglamento para semillas genéticamente modificadas, puede aplicar (en parte) acciones que permitan su uso de forma controlada. (Hernández, 2017) Mas esta postura se ve limitada en cuanto a que el Acuerdo Ministerial no contempla aquellas que sean relativas a la comercialización dentro del país, o bien, para exportación. (Aragón, 2017) Esto implica que el reglamento no es atractivo para empresas extranjeras, tales como Syngenta, Monsanto, Bayer, etc. Si bien representantes de dichas empresas están muy interesados en que se pueda modificar el Acuerdo Ministerial 386-2006, la falta de un cambio en el acuerdo ministerial implica que es preferible para las empresas realizar sus inversiones en países como México, Colombia, etc. perdiéndose fuentes de empleo e inversión extranjera, en contraindicación con lo que podría desear por ejemplo el Ministerio de Economía.

Por igual, CONAP ante la imposibilidad de poder conseguir que el consejo de ministros levanten una postura unificada, ha fallado en el cumplimiento de sus labores en torno a su política nacional de OVM’s. A ojos de la comunidad técnico-científica del sector privado, esto es un fracaso flagrante que deja el sector atado de pies y manos. Tampoco existe voluntad por parte de los últimos dos secretarios del CONAP para presionar a la Vicepresidencia de la República para que se genere consenso, reforzando la mala imagen de los demás sectores involucrados respecto a la factibilidad de CONAP como punto focal del Protocolo de Cartagena. Esto podría incluso acarrear reducción de su ya escaso y limitado presupuesto, con mayores repercusiones, no solo en éste tema, sino en otros puntos de interés de CONAP.

MINECO como entidad que vela por el desarrollo económico del país, se ve afectado al no poder proveer al sector privado de una actividad económica regulada, que pueda aportar al PIB nacional. Es un punto que no es de agenda nacional del ministro, sin embargo existe un claro interés por parte de las personas que participan en el Ministerio. Su interés sin embargo, se ve frustrado por los puntos anteriormente expuestos. Finalmente, dentro del poder ejecutivo, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT – y más concretamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYT – bajo la dirección de la Vicepresidencia de la República, se tienen formadas las Comisiones Sectoriales e Intersectoriales de la secretaría, donde dentro de la Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología – CTIB – se cuenta con la participación de los sectores más interesados en la generación de un reglamento, incluidos CONAP y MAGA. A lo interno, la CTIB ha llegado e incluso manifestado su consenso técnico y recomendaciones para la implementación de un reglamento para el Secretario Ejecutivo de CONAP, sin embargo, de manera oficial CONAP no ha tomado la postura de CTIB para realizar modificaciones que estén en acuerdo con los sectores académicos, privados y públicos que han participado de las mesas técnicas que CONAP levantó. (Tay, 2016)

Dentro del Congreso de la República, el poder legislativo se ve favorecido al continuar y perpetuarse dentro de sus curules, al no promulgar una ley a favor del uso controlado de OVM’s. La iniciativa de ley 4303 presentada al pleno por el Diputado Juan Manuel Giordano Estrada el 5 de abril de 2011, no procedió ante el pronunciamiento del sector agrícola campesino. (Gómez Willis, 2016)

El sector campesino agrícola, es uno de los sectores más fuertemente afectado por las acciones que ellos mismos realizan, al autolimitarse sus oportunidades de generación de empleo y alimentación, por someterse a un veto autólogo al uso de OVM’s. El rechazo a los OGM, aunque algunos de ellos mismos lo realizan por la presencia no controlada de material OGM en el país, es motivada predominantemente por la falta de educación en el tema. Así existan algunos movimientos académicos y asociaciones que pueden fomentar la educación en el sector, la falta predominante de conocimientos fomenta su movilización en masa en su decremento. Más aún la movilización del sector campesino agrícola, no es incentivada por sus propios líderes, sino motivada por la presencia de sectores ambientalistas, tales como ONG’s financiadas por países nórdicos, tales como noruega y el Colectivo Madre Selva. (Norwegian Ministry of Foreign Affairs' Grants Portal, 2017)

Por ejemplo, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala – REDSAG – quien puntualmente cita en su sitio web: “Las semillas nativas y criollas de nuestra biodiversidad están amenazadas por diversas estrategias que buscan patentar y comercializar los conocimientos ancestrales e introducir las semillas transgénicas, a través del intento de aprobación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas “CONAP”…” (2017) Aunque los argumentos de REDSAG son ampliamente aceptados por la comunidad campesina de Guatemala, es claro que los comentarios emitidos nunca son fundamentados mediante citas verificables, o información científica relevante y se trata generalmente de desinformación.

Colectivos ambientalistas tales como Madre Selva, quien en su página web cita mediante un documento: “Seguridad Alimentaria y Transgénicos. Debemos prestar mucha atención a la penetración del gigante trasnacional de los agroquímicos y los transgénicos, Monsanto quien al comprar la empresa de semillas regional Cristiani Burkard que mediante las privatizaciones del gobierno de Arzú se hizo con el banco se semillas híbridas y la tecnología desarrollada localmente por el ICTA. Hoy ese acervo genético ha quedado bajo control de la trasnacional que encabeza la producción y comercialización de transgénicos. Monsanto pone su pie en la región para amenazar la biodiversidad de semillas oriundas en una región que es fuente originaria de numerosas especies vegetales.” (Colectivo Madre Selva, 2009) Posturas tales como esta, no solo se encuentran sin fundamento científico, sino que denotan una clara postura en contra del desarrollo. A la vez que se inhibe el desarrollo de normativas razonables que permitan el uso responsable de transgénicos, ONG’s tales como Colectivo Madre Selva y REDSAG buscan una renta al mantener un flujo de gastos mediante la movilización campesina, mientras obtienen fondos extranjeros al revisar los estados de cuentas y sus movimientos. Esto permite que se perpetúe la búsqueda de rentas al engañar a los entes que les proveen de fondos. Típicamente los campesinos trasladados solo reciben una pequeña compensación económica de alrededor de Q 100.00 por su día, además de una merienda. Curiosamente, dichos colectivos campesinos y ambientalistas, son financiados por la Comunidad Europea, tal y como se puede evidenciar dentro de algunas pancartas de los miembros manifestantes, y a la vez, indican que es interés de la Comunidad Europea el permitir el uso de OVM’s y que su uso destruye el planeta. Llegando incluso a citar a la Unión Europea como ente de apoyo a las manifestaciones en rechazo de OVM’s (Mendoza, 2015)

De acuerdo a USDA, Guatemala es un importador neto de material genéticamente modificado, al usarlo como material de alimentación, tales como maíz y soya transgénicas. (Tay, 2015) Por lo que es de esperar que países como Estados Unidos y aquellos dentro de la Comunidad Europea, por el contrario, estén interesados en que sus importaciones hacia Guatemala prevalezcan. Dicho de otro modo, es de esperar que países interesados en exportar su material transgénico hacia Guatemala, principalmente maíz y soya, desearán que se perpetúe la moratoria de facto en el país. Sin embargo, también es interés de los mismos países el que se levante dicha moratoria, permitiéndoles movilizar mayores cantidades de material GM.

Sectores industriales a nivel nacional, incluyen la participación de actores políticos, tales como Cámara del Agro – CAMAGRO – y Cámara de Industria de Guatemala – CIG – y entes multinacionales, tales como Bayer y Syngenta entre algunos otros. Es interés de todos éstos personajes que se elimine la moratoria de facto, por medio de la implementación de un reglamento viable. Cada una de éstas entidades, por sus propias razones. CAMAGRO en el interés de sus gremiales asociadas y las empresas que las componen, tienen un alto interés en la implementación, por todos los beneficios que podrían acarrear. Principalmente, en cuanto al factor económico y de cumplimiento legal medioambiental. CIG, como ente que promueve el desarrollo económico de las empresas, deberá velar por el interés económico que una ausencia de moratoria podría acarrear a las empresas que puedan obtener beneficio de las oportunidades que un cambio podría acarrear. Por último, multinacionales como Syngenta, tienen un altísimo interés en juego. La ubicación geográfica y los factores económicos y naturales que posee Guatemala, hacen que sea altamente interesante el colocar inversiones y generación de material OGM a nivel nacional, ya sea para su comercio local o exportación. Incluso algunas empresas han invertido en laboratorios de investigación biotecnológica a nivel nacional. Inversión que podría verse recompensada al levantarse la moratoria.

Finalmente, el sector académico es un sector que actualmente se ve afectado en parte por la moratoria de facto. Aquellas personas que como parte de investigación privada, pública o universitaria, deseen manipular material OGM, se verán imposibilitados para poder ingresar el material al país. De igual forma, la exportación del material, también está vetada en usos académicos. De hecho, durante las evaluaciones de la propuesta de reglamento de CONAP, se plantearon las modificaciones necesarias en la regulación nacional para poder solventar los inconvenientes legales y poder realizar investigaciones más complejas de OVM’s en Guatemala. Casos concretos de ello, son la serie de investigaciones completamente detenidas en instituciones como Universidad del Valle de Guatemala – UVG –, Universidad San Carlos de Guatemala – USAC – e incluso por el famoso bioquímico Ricardo Bressani, que al intentar importar material OVM, se vio imposibilitado por la falta de reglamento, desfavoreciendo posibles desarrollos de protección alimentaria en el país.

Soluciones Propuestas para Vencer el Impase Político

Ante el impase político, es evidente que el único actor con capacidad y necesidad inmediata de implementación es el MAGA. El proseguir por la vía del Reglamento de Bioseguridad de OVM’s de CONAP, es inviable, toda vez que el MSPAS y MARN, en su actual secuestro político de la institución respecto al tema y el negar aceptar las sugerencias realizadas por CTIB, que reúnen a casi todos los sectores interesados; continúen de manera indefinida el aplazo de la firma del Acuerdo Gubernativo que requiere. Mientras que a nivel de la Vicepresidencia o Presidencia de la república, no se ejerza presión sobre dichos actores, no habrá cambio alguno. Tampoco se ve viable que el Secretario Ejecutivo del CONAP solicite al Ejecutivo un consenso para la promulgación del acuerdo.

Una alternativa sería el traslado del Punto Focal Nacional del Protocolo de Cartagena, del CONAP, hacia el MAGA. La viabilidad de dicho cambio es discutible. Implicaría que el Congreso de la República de Guatemala determine la necesidad de realizar el cambio, y posteriormente hacerlo pasar por todo el proceso de revisión legal y apelaciones que podría sufrir un decreto de tal índole, además de todas las protestas que lanzaría el sector campesino, al sumarse las preocupaciones que podría acarrear un cambio de tal tipo.

El actuar con el Acuerdo Ministerial 386-2006, implicaría que se emita una renovación del acuerdo ministerial, lo cual es viable desde el punto de vista técnico y práctico. Un hecho a favor de ello es que dentro de la CTIB se está trabajando en una modificación del referido acuerdo ministerial, la cual ya cuenta con consentimientos de parte de los miembros participantes de CONAP y es congruente con lo que se esperaría de parte del MAGA tras la emisión de un hipotético reglamento. Esto permitiría que empezando por el MAGA se emitan acuerdos ministeriales que implementen lo que plantearía un Reglamento de Bioseguridad, en términos más prácticos para las partes interesadas. Se espera que una propuesta del acuerdo ministerial se entregue al MAGA hacia julio de 2017.

Por parte de MARN y MSPAS, la postura inicial sería la misma que con el MAGA. La principal diferencia es que MAGA ya cuenta con una necesidad inmediata de modificación, con entes internos, externos e internacionales que ejercen presión sobre el ministerio. En cuanto a MARN y MSPAS, la idea sería, de igual forma que en el caso de MAGA, el levantar una propuesta de acuerdo ministerial afín a los intereses de cada ministerio, en función del punto donde surja una necesidad de reglamento en cada ANC. Esto delega el costo de realizar el borrador y verificación del reglamento, haciéndolo aún más factible para ambos actores.

Se estima que al aplicar un mecanismo bottom-up, inverso al actualmente empleado para emitir la regulación, se pueda promover una postura política de parte de los tres ministerios para poder generar finalmente el impulso que de cómo resultado la realización del acuerdo gubernativo. Esto último es vital desde el punto de vista que como acuerdo ministerial, existe el alto riesgo de derogación por parte de un nuevo personaje que ingrese a la cabeza del ministerio, y eso es algo probable debido a la alta volatilidad histórica dentro del poder ejecutivo.

Conclusiones

Ante la imposibilidad política de emisión de un reglamento que permita el uso comercial de OVM’s en el país, se limitan los derechos de aquellas empresas, campesinos y otros que pueden beneficiarse del desarrollo tecnológico que conllevan. La falta de criterio y voluntad políticas de parte del poder ejecutivo tiene repercusiones antagónicas con las necesidades del país al proteger a pequeños grupos de poder que mantienen ingresos por oponerse públicamente, sin fundamentos técnicos o científicos, y en muchos casos, siendo “financiados” por entes que ellos mismos niegan ser los que les permiten alzarse en contra de sus propios integrantes. Si bien es cierto que hasta la fecha se han desarrollado las manifestaciones en tonos pacíficos, la voluntad popular, equivocadamente se ha alzado en su propia contra, impidiendo el desarrollo económico, social y cultural de los propios afectados por la falta de carácter político. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas viables desde un punto de vista técnico, que cuenten con el apoyo de los escasos actores políticos a favor de la implementación efectiva de regulaciones comerciales viables a nivel nacional, constituye quizás, la única salida viable al impase político y el secuestro regulatorio al que se tiene sostenido al país.

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